La pelea por 1.750 millones de pesos entre Kicillof y Garro

La Provincia le debe ese dinero a La Plata por ser la sede de la capital // El intendente de Juntos por el Cambio fue a la Justicia por la deuda.

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La Provincia le debe 1.750 millones a La Plata por ser la sede de la capital. Pero el gobernador no quiere pagar este año.

Axel Kicillof acaba de presentar en la Legislatura el Presupuesto 2022 y, a poco de andar, ya tiene un conflicto con los legisladores de Juntos por el Cambio por el reparto de fondos. El gobernador decidió no incluir el pago de deuda de $ 1.750 millones que la Provincia mantiene con el municipio de La Plata e instaló la primera discusión pos electoral.

La ley Impositiva del Ejecutivo desconoce el pago de la Tasa de Capitalidad que debería cobrar La Plata como sede política y administrativa de Buenos Aires.

La controversia escala. Incorpora cuestionamiento de diputados y senadores de la oposición, en el preludio de un debate por el cálculo de gastos y recursos, además de los retoques previstos a la Ley Fiscal. Todo con un parlamento en equilibrio, donde en ambas cámaras se distribuyen bancas casi por iguales. El ministro de Finanzas y Hacienda bonaerense, Pablo López, habilitó el pleito cuando manifestó desconocer esa deuda.

“No está contemplado”, explicó el funcionario con la presentación del proyecto. “La situación de La Plata está contemplada en términos de obras y de recursos” como el resto de los distritos, clausuró López. La cuestión termina en la Justicia. El intendente Julio Garro presentará demanda por el aparente agravio.

La mora, en principio, no superaba los $ 1.200 millones. El atraso es de 2010. Involucra a varias gestiones, incluida María Eugenia Vidal. En octubre eran $ 1.750 millones. A la fecha, con las multas e intereses cierra en $ 2.500 millones.

¿Qué es la Tasa de Capitalidad? Es un tributo fijado por la Municipalidad de La Plata al Fisco bonaerense como contraprestación de los servicios que se brindan por el funcionamiento de la capital de la Provincia en el ámbito físico de la Comuna.

La cuestión es novedosa. El argumento municipal es este: la Ciudad sede de los tres poderes públicos, determina una continua población en tránsito. Provoca un flujo de no residentes que ingresan temporalmente a la ciudad para trabajar en las dependencias administrativas, realizar trámites, o estudiar y que luego emigran hacia sus municipios de residencia. En el transcurso de su estadía utiliza servicios que aporta la capital provincial. Esta situación, genera costos y un impacto negativo en el presupuesto del municipio, que al mismo tiempo debe afrontar con fondos propios el uso de servicios municipales que realizan los organismos provinciales afincados en la ciudad, los cuales no tributan impuestos ni tasas locales.

Controversial o no, en 2010 se firmó un convenio entre la Gobernación y la Municipalidad que fijó la contribución de la “Tasa de Capitalidad” en una alícuota del 14,6% de la base imponible establecida en el artículo N° 172. También se acordó que este monto sería abonado por la Provincia al Municipio en 12 cuotas mensuales, fijas, iguales y consecutivas.

No obstante, desde 2014 el gobierno bonaerense comenzó a realizar pagos parciales hasta que en 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021 directamente dejó de pagar la tasa. Al punto que hasta los concejales del Frente de Todos denunciaron la situación, porque la ex gobernadora Vidal tampoco realizó las transferencias.

Esta disputa es parte de los condicionantes que tendrá el tratamiento del Presupuesto del año próximo. Kicillof prevé un gastos de $ 3,1 billones con el objetivo de “consolidar un estado presente en esta nueva etapa de recuperación económica que le permita a la Provincia lograr un crecimiento sostenido con inclusión social”. Palabras de López a la prensa, antes de desatar el litigio con la capital bonaerense.

El ministro deberá atinar con la distribución de partidas a los municipios, propios y extraños, para conformar a las partes. Los alcaldes del Frente de Todos reclaman que el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) sea incorporado, también, al Presupuesto. Este año recibieron $ 12.000 millones y se esfuerzan por incrementarlo a $ 18.000 millones.

Fue un planteo subsidiario de la reunión reciente con Kicillof, en el Salón Dorado de la Gobernación. En ese oportunidad, los jefes comunales estrenaban poder territorial consolidado por la “remontada” hasta acortar a 1,2 puntos la diferencia con JpC, que en octubre había sido de casi cinco puntos. Previo al 14 de noviembre participaban de la avanzada sobre el gabinete que determinó el arribo de Martín Insaurralde (Gabinete) y Leonardo Nardini (Infraestructura).

Los intendentes, de uno y otro lado, fijan la consistencia política en ambas coaliciones del oficialismo y de la oposición. Hubo una primera aproximación para la eliminación de la claúsula que prohíbe dos períodos consecutivos de gestión, a partir de 2015. Sólo en sordina. Los “municipales” de JxC adelantaron que no serán ellos quienes promuevan la modificación. Precisamente fue la administración de Vidal, con el acompañamiento del Frente Renovador de Sergio Massa, los encargados de implantar esa veda a través de una ley en el parlamento bonaerense.

El oficialismo no descarta recurrir a la Justicia por “inconstitucionalidad” de la ley. “Ninguna norma puede tener efecto retroactivo. La claúsula fue sancionada en 2016 y propone su aplicación desde 2015. Es incongruente”, sostienen. Paradojas: uno de los primeros en ese señalamiento fue Garro. En un acoplado partidario con Jorge Macri (Vicente López, con licencia), Gustavo Posse (San Isidro ), entre otros. Algunos procuraron un sentido más naif para destrabar el tema. Martín Yeza (Pinamar) sugiere que alcanzaría con una autoexclusión del eventual re reelecto. Nadie se anota, por ahora, en ese padrón de auto excluidos.

La Legislatura no aparece como el ámbito de resolución. Es una caja de resonancia amplificada. Asumen que la discusión en el recinto o la búsqueda de atajos con acuerdos de pasillos puede provocar reacciones en la sociedad abrumada de hastío por frustraciones, que atribuyen a la dirigencia política.

Como sea, la resolución se presenta muy compleja. De alto contenido político por aquello de la “alternancia del poder”, refractario en su sentido a la “perpetuación de los funcionarios en el poder”. No incorpora la descendencia familiar, traspaso de mando o “acomodamiento” de parientes en la misma administración. Bastaría con un mapeo de autoridades en Berazategui, Ezeiza, San Nicolás, por citar los más conocidos.

Por ahora, el tema dejó de hacer ruido.

La discusión más pesada empieza a ser por plata. La ciudad homónima va por la suya.

(Por Rodolfo Lara para Clarín)

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