Reacciones tras la decisión de la Corte Suprema

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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, celebró la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aceptar por unanimidad el recurso de per saltum de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. “¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!”, tuiteó hoy la exdiputada, tras la medida judicial surgida de un acuerdo virtual entre los ministros del máximo tribunal, para que allí se analice si los magistrados que investigan causas de corrupción ligadas al kirchnerismo deben o no regresar a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018.

El término per saltum, formalmente vigente desde 2012, implica un recurso atípico por el que se salta de instancia y una causa es presentada directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que haya resolución previa del tribunal superior de cada fuero.

Las cuestiones judiciales siempre forman parte de la agenda de Carrió, quien en su saludo por el inicio del año nuevo judío o Rosh Hashaná, el 18 de septiembre, había enviado un mensaje implícito hacia los miembros del Poder Judicial. “Veo, por ejemplo, en las instituciones argentinas y en muchos que están llamados a poner justicia, una enorme cobardía”, había expresado aquella vez la líder de la Coalición Cívica, quien agregó en ese entonces: “Hay muchos que no están haciendo nada frente a todo lo que sucede y que, incluso, de nuestros impuestos se les paga para hacer lo que deben”.

BRUGLIA Y CASTELLI

El camarista Leopoldo Bruglia, uno de los jueces que confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner desde la Cámara Federal, se refirió hoy a la decisión de la Corte Suprema tras la presentación del recurso per saltum.

“Es un paso fundamental y muy importante. Es muy sano para la Justicia en Argentina esta decisión de la Corte, que se ha puesto a la altura de las circunstancias y resuelto como jurídicamente correspondía en un tema tan invadido y contaminado por la política, que ni siquiera dejaba ver el régimen legal que era aplicable”, dijo ante la consulta de LA NACION.

Y agregó: “Era el derecho sometido por la política y la Corte invirtió los planos. Estaremos con la tranquilidad que corresponde a la espera de la decisión final, que solo espero sea oportuna”.

Germán Castelli, otro de los tres jueces desplazados por el kirchnerismo y que recurrió a la Corte Suprema, celebró hoy que el máximo tribunal haya abierto el per saltum que presentó junto con Pablo Bertuzzi y Bruglia.

“La apertura del recurso por salto de instancia es algo auspicioso”, dijo hoy Castelli en declaraciones a Todo Noticias. Y añadió: “Me da mucha alegría escucharlo, yo confío en la Corte, pero voy a leerlo con mi abogado para ver si esto significa que me reponen en mis funciones, que es una cuestión de justicia absoluta, que provocó la movilización social, sacar a un juez sin recurrir a la justicia”.

Tras la avanzada del oficialismo, Castelli debería trasladarse hacia Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, desde el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad, al que había llegado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Castelli estaba encargado de preparar el juicio por los cuadernos de las coimas, causa que tiene como protagonista a la expresidenta Cristina Kirchner.

“La Corte comprendió la gravedad institucional del caso, que están en juego principios elementales del sistema republicano, como la independencia de los jueces”, agregó Castelli.

CARLOS STORNELLI

Hay un avasallamiento sobre el Poder Judicial”, aseguró el fiscal federal Carlos Stornelli. En diálogo con José Del Rio, en el programa Comunidad de Negocios que se emite por LN+, habló sobre lo que está sucediendo con la Justicia y el posible desplazamiento de tres jueces. Para él, uno de los pilares que todo juez debe tener, “independencia e inamovilidad”, se está corrompiendo.

“Al estar amenazada la inamovilidad de los jueces, que es una garantía para el ciudadano, estamos entrando en un terreno que amenaza seriamente la tarea judicial”, explicó, y agregó que de todas maneras hay que tener un control sobre todos los magistrados. “Los que suelen tener problemas son los que más muestras de independencia han dado”, completó.

LOS JURISTAS

“Es una señal de la Corte Suprema en términos de que afirma que hay gravedad institucional por la temática que se está tratando, porque en este debate no están en juego solamente los intereses de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino el funcionamiento del Poder Judicial. La temática excede a estos jueces y puede impactar a todo el Poder Judicial y la sociedad. En este sentido es positivo”, interpretó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y agregó: “Abrir el trámite no resuelve el fondo de la cuestión, aquello que resuelva va a tener un impacto más allá del caso concreto y por eso decide saltar la segunda instancia y abocarse a resolver esto.

El fallo estableció que hasta que se decida la cuestión de fondo, el Consejo de la Magistratura no deberá cubrir los cargos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Y les fijó un plazo de 48 horas al Consejo y a la Procuración General de la Nación para expedirse sobre el asunto a tratar.

En cuanto a la diferencia exhibida en el fallo de la Corte, en el que la mayoría estuvo compuesta por Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, con Rosenkrantz en un voto solitario, Gil Domínguez dijo: “Es poco razonable que según lo que dice la normativa procesal, y según los plazos cortos que haya dado la Corte, la mayoría haya inventado una cautelar implícita”.

Enfatizaron que declarar admisible el reclamo no implica prejuzgar sobre la cuestión de fondo

Gil Domínguez.

“El Código dice que cuando abrís un per saltum se suspende la sentencia dictada, pero la suspensión de la sentencia dictada no inhibe el acto del Consejo de la Magistratura; ellos inventan una cautelar no regulada para dejar sin efecto la resolución del Consejo, y eso no está regulado procesalmente. En ese sentido es más riguroso Rosenkrantz, que se apegó más al trámite”, opinó Gil Domínguez, quien integra la Comisión Asesora formada por el Presidente para analizar el funcionamiento del Poder Judicial y la Corte Suprema.

“El haber abierto el per saltum no implica en modo alguno prejuzgar sobre la cuestión”, dijo el abogado constitucionalista Pablo Manili a LA NACION. Y agregó: “La Corte siempre actúa en momentos distintos, aunque luego los condensa en un solo fallo, pero siempre toma dos decisiones: si abre o no la instancia extraordinaria, y luego si da o no la razón al planteo. El hecho de que haya abierto la puerta no implica una presunción de que vaya hacer lugar pero sí deja claro que se trata de un caso de gravedad institucional y de urgencia”.

El jurista Roberto Gargarella dijo que el fallo lo sorprendió “muy gratamente” y opinó, ante la consulta de este medio, que se trata de un caso “grave, jurídicamente fácil pero políticamente difícil de resolver”.

“El caso es jurídicamente fácil por dos razones: la más importante, porque a la Corte ya se le ha preguntado, explícitamente, sobre la validez de una serie de traslados efectuados por el gobierno anterior, y ella dio su acuerdo explícito al respecto. Y segundo, porque cada decisión que tome el poder político dominante para ‘liberar’ controles de sus espaldas debe ser examinada, en principio, con el escrutinio judicial más estricto: este es un caso claro al respecto. En estas situaciones, es al poder político al que le corresponde dar razones extraordinarias para justificar lo que en principio debe considerarse como jurídicamente inválido. Aclaro, en todo caso, que el mecanismo de traslados es una anomalía, que debe quedar sujeta a reglas ultraestrictas (como las que sugirió la Corte en la acordada 7)”.

El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que el fallo de la Corte marca "un antes y un después"

Daniel Sabsay

“El caso es políticamente muy difícil porque conviven en nuestro país, hoy, un enorme hastío social hacia la clase dirigente y un Gobierno que, sorprendentemente, y de un modo que no sé explicar, prefiere enfocar sus energías en garantizar la impunidad (o la sed de revancha) de algunos de sus miembros, en lugar de concentrarse en la atención de la emergencia sanitaria y en el resguardo de los derechos sociales a la educación, a la salud y a una vivienda digna”, agregó Gargarella.

Y completó: “En línea con dicha actitud, el Gobierno ha puesto a todas sus primeras espadas jurídicas a presionar a la Corte, una decisión política que también resulta triste y sorprendente, y que muestra al Gobierno en completa falta de sintonía con el ánimo social existente”.

“La decisión de la Corte marca un antes y un después en un proceso que tiene varios meses y que no se limita a este tema en particular sino a muchos otros en los cuales la vicepresidenta, en su desesperación por encontrar la impunidad, no ha dejado intersticio sin llenarlo con decisiones contrarias a derecho”, dijo el constitucionalista Daniel Sabsay a LA NACION. (Por Candela Ini para La Nación)

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