Toma de Guernica: preparan el desalojo

Fracasó otra reunión entre el gobierno bonaerense y los usurpadores.

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Las negociaciones entre los funcionarios de Axel Kicillof y los delegados continuarán mañana. En el Ministerio de Seguridad esperan la orden para ejecutar el desalojo forzado ordenado por la Justicia. El plazo vence el 30 de octubre. La izquierda promete resistir.

El ministro Andrés Larroque presentó en las últimas horas una nueva propuesta a los habitantes de la toma de GuernicaUna vez más la izquierda y las organizaciones que lideran la usurpación en Guernica dejaron con las manos vacías a los funcionarios de Axel Kicillof al no aceptar, al menos por el momento, la propuesta que les realizaron este mediodía. De esta manera, el conflicto por liberar el predio de cien hectáreas de manera voluntaria se sigue tensando. El juez Martín Rizzo dispuso el 30 de octubre como fecha límite para el desalojo forzoso. Por ese motivo, Sergio Berni, el ministro de Seguridad, espera la orden política para desembarcar con los más de 4.000 policías de distintas áreas que ya seleccionó.

Es casi un hecho que mañana esto no ocurrirá porque el Gobierno prepara una conmemoración por los 10 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Entonces, quedan solo tres posibilidades: el miércoles 28, el jueves 29 y el viernes 30.

—¿Por qué rechazaron la nueva propuesta que les hizo el gobierno provincial? —le preguntó Infobae a Eduardo Billiboni, dirigente del Polo Obrero.

—La “nueva” propuesta del gobierno es más de lo mismo, dice tener la voluntad de dar soluciones para las 1.400 familias pero no hay terrenos, dice que va a comprar tierra, pero que van a estar en seis meses. Yo no diría que rechazamos. No acordamos. Las asambleas que se van a hacer mañana tendrán la última palabra. Se va a estudiar la propuesta y analizar una contrapropuesta. La salida ahora por los tiempos que quedan para el desalojo es lo que plantea el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales): suspensión por 180 días y mesa de negociación.

Básicamente lo que propone ese organismo de derechos humanos, junto con los representantes del Servicio de Paz y Justicia, es lo que desde un primer momento quisieron las organizaciones sociales y partidos de izquierda que forman parte de la usurpación.

“En la mesa de diálogo nunca se habló de una suspensión por 180 días. Eso lo está proponiendo el Polo Obrero por fuera de las negociaciones. El Partido Obrero quiere que fracasen las negociaciones. Nosotros siempre estaremos dispuestos al diálogo. Pero el tiempo se agota. El viernes es la fecha límite. Estamos contra reloj”, responden desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Según el último relevamiento realizado por representantes de los cuatro barrios que componen la toma –20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha–, en las cien hectáreas hay unas 1.400 familias que lleva a un total de 4.417 personas ¿Cuántos de ellos están dispuestos a enfrentar el “lanzamiento” dispuesto por el juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas? La pregunta al día de hoy no tiene respuesta.

Sí se sabe que 647 familias ya acordaron retirarse de forma pacífica. Son los que ya aceptaron las mejoras habitacionales que les ofreció el Estado provincial y que implica dos pasos. La reubicación por seis meses en alguno de los seis albergues (dos cerrados y cuatro abiertos) en Presidente Perón. La segunda fase es la entrega de los lotes con servicios para construcción.

En el medio hay otras alternativas. Subsidios para alquileres o para mejorar las condiciones de hacinamiento de los lugares donde vivían originalmente ya que la mayoría lo hacía en casa de algún pariente.

Las inclemencias del tiempo castigaron al precario asentamiento. Hoy volvieron a rechazar la propuesta que les realizó el gobierno de Axel Kicillof.A lo ya ofrecido el sábado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, les aseguró hoy que se va a anotar “en un listado complementario” a las 800 familias que se sumaron los últimos días a la toma y que no estaban en el censo original “siempre y cuando se verifique el estado de necesidad” de cada uno de ellos.

Hasta ahora el CELS no llevó al juzgado la propuesta de posponer por seis meses el desalojo. Esa medida sería vista con desconfianza en el gobierno de Kicillof porque nadie puede asegurar que no se sigan incorporando familias a la toma como ya sucedió.

Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones, algunos de los delegados mostraban opiniones encontradas. El hecho promete llevar a posibles discusiones más acaloradas en las asambleas de mañana. Sucede que en el asentamiento el cansancio ganó a muchas de las familias que por estos días debieron sortear las inclemencias del tiempo y observan que la situación sigue empantanada por la intransigencia del grupo más radicalizado que promete resistir el desalojo forzado.

¿Berni se prepara para el “lanzamiento” de las familias que aún quedan en la toma?, le preguntó Infobae a un funcionario del Ministerio de Seguridad. “Tenemos que desembarcar y desalojar. Esa es la realidad”, fue la escueta pero contundente respuesta.

La fecha deberá ser consensuada entre Berni, el gobernador Kicillof y Larroque, el ministro que hizo todos los esfuerzos para evitar el desalojo que por todos los medios se intentará que no sea violento.

“La izquierda va a provocar y buscar una confrontación con la policía. Eso lo sabemos, es el negocio de ellos, que piensan más en obtener un rédito político por las balas de goma, que en el beneficio de las familias”, interpretan en el entorno de Kicillof.

El gobernador apoya y apoyó cada uno de los ofrecimientos que hizo Larroque y que ya presentó ante el juzgado de Martín Rizzo, junto a los avances alcanzados con las 645 familias. (Imagen: El ministro Andrés Larroque presentó en las últimas horas una nueva propuesta a los habitantes de la toma de Guernica)

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