Duro golpe judicial para Lula.

La Justicia brasileña confirmó y aumentó una de sus condenas por corrupción.

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Un tribunal de segunda instancia ratificó su culpabilidad y subió la pena a 17 años y un mes de prisión.

Una sala del Tribunal Regional Federal 4 (TRF4), responsable de casos de segunda instancia de la Operación Lava Jato, confirmó por unanimidad la condena al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero en la causa conocida como “la chacra de Atibaia” y elevó la pena impuesta al ex mandatario a 17 años, un mes y 10 días de cárcel.

La decisión del TRF4 se refiere a las reformas realizadas en esa chacra localizada en el interior del estado de San Pablo, que era frecuentada por el ex presidente, y ratificó la sentencia previa de la jueza que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por encontrarlo culpable de haber aceptado favores de la constructora Odebrecht a cambio de beneficiarla con la obtención de contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Se trata de la segunda condena al ex presidente en un tribunal colegiado de segunda instancia, aunque Lula permanecerá en libertad debido al reciente entendimiento del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia del país, de que es inconstitucional ejecutar penas en forma anticipada, antes del agotamiento de la posibilidad de realizar apelaciones.

Lula permanece inelegible debido a la ley brasileña de Ficha Limpia, que prohíbe postulaciones de personas con condenas en la segunda instancia judicial.

Al votar por la nueva condena a Lula, uno de los jueces del TRF4, Leandro Paulsen, criticó la decisión del Supremo que permitió la libertad de Lula el 8 de noviembre tras 580 días de cárcel, asegurando que el STF había creado un estado autocrático en Brasil al permitir que todos los acusados condenados puedan aguardar en libertad hasta que se agote la posibilidad de apelar.

“Someter la eficacia del trabajo de todos los jueces y camaristas de este tribunal a la verificación de unas pocas autoridades, es sustituir un régimen republicano, democrático, por un régimen autocrático. Es una concentración de poder incompatible con la estructura de nuestro Estado”, dijo el magistrado.

La sentencia del TRF4 ignoró además otra reciente decisión del STF que anuló dos fallos del Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, al decidir que los acusados delatados debían ser escuchados por último en los alegatos finales del proceso, luego de los delatores, algo que no ocurrió en la causa de la chacra de Atibaia que, en su última etapa, tuvo como jueza a la magistrada Gabriela Hardt.

Los tres jueces de la sala octava del TFR4, João Pedro Gebran Neto, Carlos Eduardo Thompson Flores y el propio Paulsen, votaron por ampliar la pena recibida por el ex presidente y no anularon la causa para cumplir con la disposición del STF, como pidió la defensa de Lula, debido a que el alto tribunal no especificó los alcances de su decisión, dejando abierta la discusión sobre posibles restricciones a su aplicación.

En la decisión los camaristas dijeron que la nulidad de la sentencia sólo podría decidirse si se comprobara algún daño al derecho de las partes a defenderse y que esto no ocurrió. Los jueces explicaron que los alegatos fueron realizados en el mismo día. El aumento de la pena, en tanto, fue un pedido de la Fiscalía, que los jueces acataron.

“Infelizmente la responsabilidad del expresidente Lula es bastante elevada. Él ocupaba el grado máximo de dirigente de la nación y la expectativa es que comportara conforme a esa función, más que eso, que cohibiera ilícitos, y al revés, lo que se verifica es una participación y responsabilidad en esos casos de corrupción”, dijo Gebran en la decisión.

En el fallo, los camaristas defendieron la sentencia de la jueza Hardt, a la que los abogados de Lula acusan de haber plagiado la primera sentencia contra Lula, por corrupción, lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio, decidida en el 2017 por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, en el caso de un departamento ubicado en la localidad de Guarujá, en San Pablo.

Esa propiedad, según la justicia, fue recibida por Lula de la constructora OAS a cambio de favorecerla para obtener contratos en Petrobras, lo que la defensa de Lula niega.

El principal abogado de Lula, Cristiano Zanin, consideró que la decisión es “un ejemplo más de un proceso injusto” contra el ex presidente y una afrenta a la decisión del STF sobre el orden de las alegaciones finales de delatores y delatados.

“Este juicio ocurre después de 19 días del ex presidente Lula haber dejado la prisión donde estuvo 580 días ilegalmente detenido. Es un recurso que fue analizado, una vez más, en tiempo récord. Obtuvimos de la presidencia del tribunal un certificado mostrando que en el momento en que está apelación juzgada ingresó a este tribunal había otros 1941 recursos idénticos esperando ser juzgados”, dijo Zanin.

“Vimos argumentos políticos siendo presentados en vez de argumentos jurídicos y la cuestión del derecho quedó evidentemente despreciada”, se quejó el abogado de Lula. (Por Guido Nejamkis para Clarín)

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