Anulan un fallo por el Soterramiento del tren Sarmiento.

La medida favorece a ex funcionarios K.

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La Cámara Federal le ordenó al juez Martínez de Giorgi volver a dictar sentencia con más pruebas. El caso involucra a un primo de Macri y se vincula con las coimas de Odebrecht.

La Sala II de la Cámara Federal porteña dejó sin efecto la resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la que había procesado a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López -entre otros- por presunto “negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas” en la causa por el Soterramiento del Tren Sarmiento, uno de los derivados del escándalo de coimas de Odebrecht. La nulidad alcanza a la falta de mérito que se había dictado para el ex dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente, Angelo Calcaterra y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros empresarios.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht (investigada en el Lava Jato) , IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

A mediados de abril, el juez Martínez De Giorgi procesó a los ex funcionarios kirchneristas y empresarios vinculados al contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento. En dicha resolución, había determinado que hasta entonces no podía darse por corroborado el circuito de coimas como para procesar a los empresarios.

“No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas” que se investigan, sostuvo el juez en su momento sobre los empresarios al dictarles la falta de mérito.

Respecto a los ex integrantes del extinto ministerio de Planificación Federal, Martinez de Giorgi los había procesado por “negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas”, por favorecer presuntamente a las firmas ganadoras de la licitación, determinación que incluyó al ex asesor y señalado testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.

Bajo esta misma figura, se había procesado además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos. “Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas” por parte de esos integrantes de las firmas, había considerado el juez.

Al respecto se pronunciaron los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes declararon la nulidad de la resolución “por entender que no había fundamentado debidamente distintos aspectos que se debían analizar”. De esta manera, hicieron lugar a los reclamos de las defensas de los acusados.

Por otro lado, los camaristas señalaron que como en el marco de esta causa se firmó un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña, el juez Martínez De Giorgi “deberá volver a pronunciarse” sobre los acusados una vez obtenida la documentación.

Tal como señala la resolución a la que accedió Clarín, los jueces criticaron que si bien se investigan coimas en la causa, ninguno de los implicados fue “procesado o desvinculado de ese delito”, entonces señalaron que “no hubo un análisis con fundamento de la correlación o no sobre las distintas referencias, indicios y datos que se obtuvieron previamente en el sumario, su documentación adjunta y en otros procesos penales”.

En este sentido, dijeron que debía señalarse en la resolución ” tanto sea para afirmar o descartar el cohecho transnacional denunciado”. Por otro lado, se criticó que no se haya especificado “si hubo o no perjuicio económico por los hechos” y consideraron que al respecto “no hay argumentos susceptibles de ser revisado”.

Bajo esta misma línea, Bruglia e Irurzun, consideraron que no había claros fundamentos respecto a porqué se procesó a los ex funcionarios por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionarios.

“La decisión adoptada carece de fundamento que permita revisar los aspectos centrales a los que se debe dar respuesta. Es por ende nula. Esta situación impone que el juez, una vez que cuenta con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias se expida” nuevamente sobe “los cargos que pesan sobre los acusados”, advierte la resolución.

Martínez De Giorgi deberá pronunciarse nuevamente sobre la causa una vez analizada la prueba proveniente de Brasil.  Por ahora, nadie quedó implicado.

La causa investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y Comsa SA.

Para el fiscal del caso, Franco Picardi, no hay dudas que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Picardi sostiene y busca corroborar con este acuerdo de colaboración, que se pagaron sobornos por casi un millón de pesos a Jaime para obtener el contrato, y luego se tejió una red de firmas off shore para que Odebrecht y sus socios siguieran entregando coimas regularmente a través de la empresa fantasma española DSC. Esta compañía está mencionada en diversas causas contra Odebrecht como vehículo para distribuir pagos ilegales a funcionarios de distintos países. En el expediente del tren Sarmiento, habría servido por ejemplo para remitir cinco millones de dólares a Andorra. (Por Lucía Salinas para Clarín // Foto: El ex ministro Julio de Vido, beneficiado por la Cámara en la causa por el soterramiento).

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