Cristina Kirchner pidió suspender el inicio de un juicio.

Es el de la causa en su contra a raíz de corrupción en la obra pública.

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Aduce que no está completa la instrucción porque falta un peritaje que ella solicitó.

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió este martes al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la postergación del inicio del juicio por corrupción en la obra pública durante su Gobierno, que debe comenzar el próximo 26 de febrero.

El pedido se debe a que, según los abogados de la senadora, no está completa la instrucción suplementaria para el Juicio a raíz de un peritaje que ella solicitó y que no fue incluido. Se trata del análisis de cinco casos testigos sobre todas las licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez

Esta pericia, a cargo de la Corte, no concluyó aún. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que, así y todo, el juicio está en condiciones de iniciar, pero ahora sera el TOF 2 quien decida. El fiscal Diego Luciana se pronunciará en contra de la postergación.

En el análisis de “casos testigos” se tuvo en cuenta el empalme de la Ruta provincial 12. La obra requería una capacidad técnica de $ 24 millones y Austral sólo tenía $ 3.8 millones de capacidad disponible. El presupuesto era de 60 millones, y a Báez se la adjudicaron por 70. Las sucesivas modificaciones llevaron ese monto a $ 114.5 millones: un incremento de 90,92%.

Otro caso fue la repavimentación de la Ruta 3 (Gran Bajo San Julián): los $ 155 millones originales, terminaron siendo $ 419.2 millones: un 170,46% más de lo estimado.

El peritaje

La medida fue solicitada por Cristina en el período de presentación de pruebas. Requirió que el Tribunal acceda a realizar un peritaje, pero su idea inicial era una pericia sobre toda la obra pública adjudicada durante su Gobierno, incluyendo así a todos los contratistas del Estado que en la actualidad están siendo investigados por el juez Claudio Bonadio por haber pagado sobornos a la anterior gestión.

Muchos de los caminos que se encargaron a las empresas de Báez, según la causa elevada a juicio oral, “no conducían a ningún lado” o “no eran necesarios”. Sin embargo, algunos de aquellos que sí revestían importancia quedaron sin concluirse, con el agravante que el empresario K habría cobrado sobreprecios del 65% en promedio por esos contratos.

En este contexto, el TOF 2, con la participación de la fiscalía de Diego Luciani, dio luz verde al inicio de la pericia sobre cinco casos testigo.

Muchas de las obras peritadas fueron adjudicadas a Austral Construcciones.

Se determinó que la pericia se realice sobre cinco procesos licitatorios “en los cuales la acusación realizó estimaciones numéricas de irregularidades al momento de formular su requerimiento de elevación a juicio y a ellas se le agregaran las obras viales de mayor envergadura presupuestaria”, indicaron los jueces del TOF 2.

Se debió peritar si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos, y en las ofertas realizadas, se consideraron “los precios de plaza al momento de los hechos y la razonabilidad de las categorías incluidas en esos actos”, detalló el TOF.

Otro punto que se tuvo en cuenta fue la capacidad técnica de cada una de las empresas de Báez adjudicatarias de los contratos viales y los certificados de capacidad de contratación que tenían en dicho momento.

El cuerpo de peritos deberán expedirse sobre los motivos invocados por las empresas para solicitar redeterminaciones de precios, mayores costos, modificaciones de obra, mayor plazos de ejecución de obras. Finalmente, se requirió que la pericia explicite si las demoras en la ejecución de los contratos “puede explicarse únicamente en los motivos referidos por las empresas”. (Por Lucía Salinas para Clarin)

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