Lázaro Báez procesado por el campo en Uruguay.

Le trabaron un embargo de más de $ 9.000 millones // Leonardo Fariña fue aceptado como arrepentido en la misma causa.

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Lo decidió el juez Sebastian Casanello. También fueron procesados el abogado Jorge Chueco, el contador Pérez Gadín y Leonardo Fariña.

El juez Sebastián Casanello procesó hoy, con prisión preventiva, al empresario Lázaro Báez por la compra de un campo en Uruguay y le embargó sus bienes en más de 9 mil millones de pesos. También procesó al abogado Jorge Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, y al arrepentido Leonardo Fariña, entre otras personas.

Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.

“Lázaro Báez, en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las ordenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Garín y Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”, dice la resolución de más de 100 carillas.

Por esta operación millonaria, Fariña fue aceptado como arrepentido en los últimos días tras un acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuán y tras un pedido expreso de su defensa, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe. “Fariña ya había sido aceptado como arrepentido en 2016 en la causa que está en juicio pero no estaba contemplado este hecho”, explicó Herrera.

En la misma resolución, a la que accedió Infobae, Casanello procesó a Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori, Antonio de Marco, y a Osvaldo Guthux. Pero todos ellos sin prisión preventiva.

“Los mencionados, a sabiendas, actuaron en pos de concretar un negocio de dimensiones millonarias -recordemos que resulta una estancia de 152 hectáreas con un potencial de obtención de ganancias exorbitantes- en el cual cada uno tuvo un beneficio económico, es decir, ninguno intervino de manera gratuita, en lo que resultaba ser una inversión de 14 millones de dólares comandada por un joven de 23 años como representante de un grupo inversor”, resume el fallo.

El juez también les impuso la prohibición de salida del país sin autorización judicial, comparecer ante el tribunal cada 15 días, y la obligación de no ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso.

En el caso de Goff Dávila, el juez le otorgó un rol protagónico: “Tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su Presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Si lo procesamientos se confirman, todos los procesados podrían ser juzgados en un nuevo juicio oral por el delito de lavado de dinero.

La Cámara Federal había avalado en las últimas horas la investigación ante un planteo de la defensa de abogado Jorge Chueco, que pretendía que la compra del campo se juzgará dentro del juicio de la ruta del dinero K, ante el TOF 4.

FARIÑA ARREPENTIDO

Antes de procesar a todos los involucrados por la compra de un campo de 152 hectáreas en Uruguay, el juez Sebastián Casanello homologó el acuerdo como arrepentido que había alcanzado Leonardo Fariña con el fiscal Guillermo Marijuán. Este expediente se aceleró cuando el Banco Central de Uruguay aportó las transferencias y los detalles de la maniobra.

Al momento de homologar el acuerdo con Fariña, Casanello tuvo en cuenta que estaban contemplados los requisitos que prevé la ley del arrepentido: la “actuación voluntaria” del involucrado y que el lavado de dinero está entre los delitos que contempla la norma.

En sus declaraciones ante la Justicia, el arrepentido contó que Maximiliano Goff Dávila le acercó el negocio y que él se lo llevó a Báez. Además, reveló que para la operación se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA. Cuando se rompió la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.

Fariña, que acaba de renunciar al Programa de Protección de Testigos, también hizo referencia a los pagos efectuados por la compra del campo. Según fuentes judiciales, esa información coincide con los datos remitidos por la justicia uruguaya.
Por ese campo, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

La operación se cerró en el verano de 2011 con una ruidosa fiesta en Punta del Este. Por ese entonces, Fariña comenzaba su relación con la modelo Karina Jelinek.

Al margen de la homologación del acuerdo de Fariña, la Cámara Federal avaló en las últimas horas la investigación ante un planteo de la defensa de abogado Jorge Chueco, que pretendía que la compra del campo se juzgará dentro del juicio de “la ruta del dinero K”, ante el TOF 4.

En realidad se trata de un hecho que forma parte de la “ruta del dinero K”, aunque se investigó aparte porque Uruguay demoró en enviar la documentación.

Mientras se define si hay un segundo juicio, la Justicia argentina intenta concretar el embargo del campo para un decomiso compartido. En los últimos meses hubo un cruce incesante de exhortos y gestiones silenciosas a través de la Cancillería. En esos intercambios, la justicia argentina se enteró de que Uruguay ya remató una parte de la estancia por las deudas fiscales que había acumulado.

Si las gestiones avanzan, la Justicia argentina solo podrá embargar una parte del campo para luego recuperar el dinero ante una eventual condena. (Por Nicolás Pizzi para Infobae)

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