Otro hijo de Lázaro Báez más complicado.

Por un faltante de un millón y medio de dólares.

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El Tribunal Oral Federal 4, que juzga al contratista K y sus hijos por lavado en “la ruta del dinero K”, quiere que Leandro Báez explique dónde está esa plata, correspondiente a una firma intervenida por la justicia.

Después de que Martín Báez, el mayor de los hijos varones del contratista K quedó detenido por violar medidas cautelares impuestas sobre sus bienes, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lleva adelante el juicio por lavado de “la ruta del dinero K”, intimó a Leandro Báez (otro hijo del dueño del Grupo Austral) para que explique el faltante de 1,5 millón de dólares de una empresa intervenida por la Justicia. Este dinero corresponde a una venta de lana que se “habría realizado en negro”, sin informar a la intervención dispuesta por el TOF 4.

La familia Báez está siendo juzgada por lavado de dinero. El juez Sebastián Casanello, que junto al fiscal Guillermo Marijuan llevó adelante la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, encontró a Lázaro y sus hijos responsables del blanqueo de 60 millones de dólares en tan sólo tres años.

Báez,. que este viernes cumple tres años en prisión, comparte pabellón con su hijo Martín,  que quedó detenido por violar las medidas cautelares, como el embargo de 600 millones de dólares y la inhibición de bienes junto al congelamiento de cuentas bancarias. El hijo del contratista K autorizó el movimiento de cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos. Esto fue planteado como un riesgo de entorpecimiento de la causa y se ordenó su prisión preventiva.

Ahora, su hermano menor Leandro fue intimado por la interventora de la empresa Austral Agro. Se detectó un importante faltante de dinero, que correspondería a la venta de lana que según el informe al que accedió Clarín “se habría vendido en negro”, para así eludir los controles correspondientes a la intervención.

El fiscal ante el TOF 4 Abel Córdoba hace meses pidió que esta empresa sea intervenida, porque se estaban observando movimientos de fondos mientras que la familia Báez se encuentra embargada y sus bienes inmovilizados, una prohibición que incluye cualquier movimiento bancario y manejo de dinero.

Recientemente, al insistir con la prisión de Lázaro Báez, el fiscal señaló que aún persiste el “riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga” por parte del contratista estrella de Santa Cruz, y que por ello, hasta que finalice el juicio de “la ruta del dinero K”, “debe continuar detenido”.

Para argumentar su planteo, Córdoba señaló que se detectaron recientemente irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro, dedicada a la administración de campos. Con esta firma se intentó vender ganado pese a la inhibición judicial, y se detectaron movimientos de fondos irregulares.

Según explicó el fiscal, la interventora nombrada por la Justicia en Austral Agro “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.

En la misma línea argumental, el TOF 4 indicó que el grupo familiar “ha logrado que se le emitan autorizaciones judiciales para emitir guías para la venta de ganado, las entidades bancarias deliberadamente boicotean el trabajo de la interventora y las empresas comercialmente vinculadas retacean constantemente información y colaboración”, sostuvo Córdoba en su dictamen.

Por ello, se sostuvo que la situación judicial del empresario K “es más grave que un año atrás, lo que debe ser leído como indiciario de peligro de fuga en relación a la amenaza seria y grave de recibir múltiples condenas por delitos diversos durante los próximos meses”.

A estos planteos ahora se sumó el informe de la interventora. “Según comentarios de la zona, la lana ha sido vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, sino probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora”, se detalló.

Según se señaló ante el TOF 4, una de las abogadas de Lázaro Báez admitió conocer la realización “de estas operaciones de venta de la lana a través de canales informales, circunstancia que justifica por la necesidad de hacer pagos al personal y proveedores de Austral Agro”.

La interventora de la empresa señaló que esa afirmación “no es legal y es probable que ni siquiera haya respondido a la realidad”, ya que a la fecha de la designación de la intervención “se le adeudaba al personal desde octubre de 2017, así como a proveedores y a mayor abundamiento la zafra 2017/2018 fue abonada por esta intervención como condición previa a poder requerirle al mismo proveedor la nueva esquila”.

La Justicia cree que de forma ilegal la familia Báez vendió 250.000 kilos de lana, cantidad que no ingresó a la empresa. El TOF 4 indicó a la interventora que intime a Leandro Báez a que brinde explicaciones al respecto, en su rol de administrador de la empresa “respecto a las ventas de lana y de animales entre enero de 2016 y agosto de 2018”.

También se intimó al hijo de Lázaro Báez a que “reintegre la lana faltante o en su defecto lo obtenido por su venta” que según fuentes judiciales alcanzaría 1.500.000 dólares. (Por Lucía Salinas para Clarín // Foto: Leandro Báez, el menor de los hijos varones de Lázaro, al salir de una declaración judicial en abril de 2017).

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