Procesan en otra causa a Cristina Kirchner.

Esta vez por "ocultamiento" de documentos históricos.

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Procesan a Cristina Kirchner por la carta de San Martín y el prontuario de Yrigoyen. Está acusada de obtener esos documentos de forma “ilegal” y ocultarlos. Además fue embargada por $ 100.000. 

Cuando la justicia allanó la propiedad de Cristina Kirchner en El Calafate, retiró 94 cajas con diferentes objetos de presunto valor. Entre ellos, se encontraba una carta que escrita en 1835 por el general José de San Martín y el prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen. El juez Claudio Bonadio la procesó por tener dichos documentos, al sostener que se obtuvieron de manera ilegal. Por ello, el magistrado la procesó por el delito de encubrimiento con un embargo de $ 100.000.

La carta de San Martín y el documento de Yrigoyen que se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación son “auténticos”, y la Justicia determinó que su adquisición fue de forma ilegal.

El magistrado acusó a la ex presidenta por el “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”. Dicha acusación contempla una pena de multa de entre diez mil y cien mil pesos.

En la resolución de 18 páginas a la que accedió Clarín, el juez Bonadio se refirió a la “tenencia irregular de ambos elementos”, lo que a su entender “constituye el objeto procesal” de la causa. Se detalló que lo secuestrado aplica a la categoría de “documentos históricos” en función de la definición de la Ley que da creación al Archivos General de la Nación.

Uno de los documentos hallados durante los allanamientos por la causa de los cuadernos es un prontuario del ex presidente radical, con las actividades desde el año 1906 al 1910, sin tapa, compuesto de 122 fojas, junto a un CD en un estuche que lleva la inscripción “Prontuario H. Yrigoyen digitalizado”.

El prontuario de Yrigoyen data de 1906 y tiene más de 400 páginas.

El otro archivo es la carta que San Martín le escribió al líder independentista chileno Bernardo O’Higgins en 1835. Para la Justicia, la ex Presidenta no debía tener en su poder esos documentos y por eso, Bonadio la procesó.

En ambos casos se hizo referencia a su valor histórico y que no correspondía que se encuentren en la residencia de la ex presidenta. El juez subrayó que en tal caso, correspondía que se “denuncie al Archivo General de la Nación la tenencia de tales documentos”.

Junto a este planteo, se señaló que el punto relevante es la “procedencia ilícita de ambos objetos”. En primer lugar, Bonadio explicó que el prontuario debió haberse conservado en la Policía Federal Argentina como todos los de la época, “tal como lo sostuvo el Subcomisario  de la División de Legajos”. Por otro lado, en relación al documento del General San Martín, indica la resolución: “La carta fue hurtada en 1981 en la República de Chile de un lote completo de correspondencia de San Martín a O´Higgins. Así lo informan con amplia certeza todos los historiadores especialistas en la materia”.

En este contexto, el juez indicó cuando se pidió que se investigue la tenencia de los documentos, que la carta “constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad,y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época”.

En consecuencia, Bonadio expresó que “no es factible concebir que la Doctora Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada , senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos,  desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile”.

Por ello, señala la resolución, “alguien no identificado sustrajo dichos elementos” y la ex presidenta “los receptó manteniéndolos en su poder” hasta ser secuestrados en los allanamientos por la Policía Federal.

Sin éxito, la ex Presidenta recusó al juez en esta causa que se generó por una extracción de testimonio y recayó en su juzgado. Entonces, se quejó la ex mandataria del expediente: “Como había que generar una noticia de impacto (Cristina fue convocada a prestar declaración indagatoria en ocho causas), el juez ni siquiera aguardó a la finalización de los estudios periciales relativos a estos documentos y así, de un día para el otro, ordenó mi citación”.

Planteó que esta acusación “resulta absolutamente falsa, a lo que se suma que el hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente”.(Por Lucía Salinas para Clarín)

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