Intentan prohibir por ley las clases presenciales en zonas de alerta epidemiológica

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El oficialismo quiere aprobar la norma antes del 21 de mayo, cuando vence el decreto firmado por el Presidente que impone el aislamiento por la pandemia.

El Gobierno envió este lunes por la tarde el proyecto que impulsa para establecer parámetros objetivos, medidas sanitarias y restricciones para combatir la pandemia de coronavirus. La novedad es que finalmente entró por el Senado, donde Cristina Kirchner maneja los tiempos y el oficialismo cuenta con una amplia mayoría para aprobarlo sin cambios.

En el proyecto, el oficialismo insiste con la suspensión de las clases presenciales en las zonas de “alerta epidemiológica y sanitaria”.

“En los Aglomerados, Departamentos o Partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”, dice el artículo 21 del proyecto que exceptúa a la educación especial.

De esta manera, en caso de aprobarse la ley, como precisó la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en diálogo con TN, “automáticamente se suspende la presencialidad en aglomerados de más de 300 mil habitantes” que sean considerados de alarma epidemiológica. Es decir que la Ciudad, con estas cifras, tendría que suspender el dictado de clases.

El texto, sin embargo, habilita al Poder Ejecutivo, “previa consulta con el gobernador o la gobernadora de provincia y con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, a morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” por la propia ley “en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”.

El proyecto, de 34 artículos, fue elaborado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y fue firmado por el Presidente el sábado, antes de emprender su gira europea.

Como adelantó Clarín, el texto toma como base los indicadores que utilizó el Presidente en el último decreto de necesidad y urgencia con el que renovó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

El texto se apoya en las facultades que los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional otorgan a Nación y a las provincias otorgan a Nación y a las provincias para “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” para garantizar un ambiente sano.

Y establece que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización, un tema que generó controversia entre la Casa Rosada y la Ciudad, por la falta de controles.

El proyecto, firmado por el Presidente, Cafiero, y los ministros Eduardo Wado de Pedro (Interior), Claudio Moroni (Trabajo) Alexis Guerrera (Transporte), Nicolás Trotta (Transporte) y Sabina Frederic (Seguridad), fija cuatro categorías, bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica en base a tres factores: aumento de contagios en los últimos 14 días, cantidad de casos en función de la población y la ocupación de camas de terapia intensiva.

Con esos parámetros, en los lugares de Alto Riesgo epidemiológico y sanitario y de Alarma epidemiológica y sanitaria, de observarse un empeoramiento o permanencia del estatus sanitario, y de ser necesario continuar con medidas restrictivas o profundizarlas, “se faculta al Poder Ejecutivo a disponerlas de forma razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores/as y Jefe de gobierno de la Ciudad”.

“Esperamos que se dé un debate franco donde la oposición no busque hacer política con la pandemia sino tener un comportamiento constructivo que hasta acá no ha tenido”, había dicho más temprano Cafiero, quien tomó nota del mensaje que envió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que un rato antes había rechazado la posibilidad de otorgar “superpoderes” al Presidente: “No debemos avalar bajo ningún punto de vista mayores poderes que avasallen las autonomías provinciales y de la Ciudad”, dijeron los dirigentes opositores.

“Obturar la discusión política y el diálogo antes de conocer el texto de la ley no es constructivo para nada”, ​retrucó el ministro coordinador.

En Balcarce 50 admiten que la intención del Presidente es que se dé un trámite exprés en el Congreso para contar con esa herramienta antes del 21 de mayo, cuando se debe renovar el DNU vigente. ​

De hecho, en el proyecto que se envió al Senado, se señala que “entrará en vigencia el 22 de mayo”. El plazo de duración será hasta que “se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria”

A través de la sanción de esta ley, el Gobierno busca cobertura en dos frentes. En principio, en un año electoral, la idea es quitar el manejo de la pandemia del eje de la campaña y así evitar que la oposición lo utilice para cuestionar al Presidente.

Por otro lado, tras el revés en la puja con la Ciudad por las clases presenciales, blindar las eventuales restricciones que se deban imponer en un contexto de pandemia reduciendo el margen para que prosperen las impugnaciones ante la Justicia. Por eso, se tomó nota de que en el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados consideraron “insuficientes” los argumentos que inicialmente había esbozado Alberto F. para imponer la suspensión de la presencialidad en las escuelas.

Con este proyecto, en la Casa Rosada entienden que se cubriría aquella exigencia. (Imagen: Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, habló sobre los “superpoderes” y el rol de la oposición. Foto Marcelo Carroll // Por Ignacio Ortelli para Clarin)

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