La grieta en el AMBA: Espinoza demanda por $100.000 millones a Larreta

Denuncia una “deportación de pobres” de la Ciudad a la Matanza.

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El Intendente del PJ se presentó en la Justicia por una “deuda histórica”. Argumenta que hace 50 años La Capital mudó a miles de vecinos a su partido y nunca los repatrió.

El Municipio de La Matanza realizará una presentación judicial contra la Ciudad de Buenos Aires para reclamar, según confiaron desde el bastión peronista del GBA, una “deuda histórica millonaria” que ascendería a más de 100 mil millones de pesos.

La suma es​ en concepto de “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano” por “una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación” dentro del Partido más grande del país.

En diálogo con la agencia de noticias oficialTélam, el equipo jurídico que asesora a la Comuna se remitió a esa “deuda histórica” que tiene sus inicios en las relocaciones de las villas porteñas realizadas por los gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a la Nación, pero que se ubicaban en distritos de la Provincia.

Al igual que ocurrió en otros partidos, sostienen, La Matanza recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal, que todavía estaba en la órbita del Estado nacional porque no era autónoma, y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que “nunca se pagaron las tasas municipales”.

Uno de los puntos que el distrito gobernado por el intendente peronista Fernando Espinoza, que según confian desde su entorno, por el momento no hablará públicamente de la cuestión, le reclama a la Ciudad, administrada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, es una “deuda por 20 mil millones de pesos en tasas municipales no pagadas”.

“Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres”, dicen desde el Municipio.

Según trascendió, los asesores legales validaron el reclamo en el concepto de “continuidad jurídica” que tiene la Ciudad y, por eso, la “deuda crece día a día” y además demuestra que “el centralismo está lleno de falta de solidaridad social y de privilegios”, indicaron las fuentes.

Por otro lado, en la demanda se refieren “cálculos de ambientalistas y urbanistas, en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo regido por sus circunstancias”, que establecen en “al menos 100 mil millones de pesos el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero”.

En el Poder Ejecutivo municipal mencionaron  que “hace casi un año hubo una reunión entre el Gobierno nacional, representado por Gustavo Beliz, autoridades eclesiásticas, el Gobierno porteño y La Matanza” por este tema, pero “no hubo avances”.

Ahora, la difusión de la denuncia que realizará la Comuna se hizo varias semanas después de que, desde la oposición de Cambiemos, denunciaran públicamente y en la Justicia al INDEC por una supuesta adulteracion de las planillas del censo nacional de población de 2010 en La Matanza,

La supuesta manipulación en la encuesta a la que se refirió primero el diputado nacional por la Ciudad Martín Tetaz y luego varios intendentes opositores de la Provincia, respondería según la denuncia a una intensión de aumentar artificialmente la cantidad de habitantes del partido para obtener más fondos de la coparticipación.

Diego Valenzuela, alcalde cambiemita de Tres de Febrero, incluso difundió la presentación judicial quer realizó para que se investigue el tema, que se instaló en el debate en la previa del censo de este 2022, llevado a cabo en todo el país el 18 de mayo.

“Deportación de pobres” en gobiernos militares
En base a un repaso histórico que realizan desde el Municipio, sostienen que la Ciudad desplazó a los habitantes de sus asentamientos hacia precarias viviendas construidas con “carácter transitorio” en terrenos de su propiedad en suelo matancero, denominados “Núcleos Habitacionales Transitorios”.

“La transitoriedad hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno”, señalaron desde la Comuna.

También indicaron que “por ser transitorios, esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término y se violaron normas socioambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y la inevitable generación de conductas masivas anómicas, creando un clima similar al de los campamentos de refugiados”.

Entre los ejemplos de las villas relocalizadas en tierras matanceras y que crearon más de 10 barrios populares en casi 400 hectáreas, cuya titularidad pasó a la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra la San Petersburgo, que está cumpliendo cinco décadas desde su instalación “precaria” utilizando terrenos que la Ciudad “manejaba a través de la Comisión de la Vivienda”, indicaron.

“Lo que sucedió fue casi una deportación. La permanencia de una injusticia no la transforma en otra cosa: sigue siendo una injusticia”, sostienen desde el Municipio.

Desde La Matanza también expresaron que “desde que la Ciudad fue autónoma, sus Gobiernos locales miraron para otro lado cuando se les reclamó esa deuda”.

“La ciudad más rica del país se niega a pagar las deudas que tiene con un municipio cuyo presupuesto es casi 40 veces menor y elude asumir el costo socioambiental que provocó la apresurada e insensible mudanza obligada y llena de mentiras para sus vecinos pobres del sur”, agregaron.

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