Prisiones preventivas: Cristina se despega del proyecto.

Otros integrantes del Gobierno también se mostraron en contra del debate parlamentario sobre este tema.

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El mismo fue presentado por seis senadoras kirchneristas para limitar al periodismo en casos de corrupción.

Aunque lo presentaron legisladoras K, desde su entorno le aseguraron a Clarín que no lo impulsará.

La vicepresidenta Cristina Kirchner salió a despegarse del proyecto que impulsa limitar al periodismo en casos de corrupción. La iniciativa, adelantada por Clarín, fue presentada por senadoras K y propone anular las prisiones preventivas si los medios difundieron información que pudiera haber afectados la “percepción pública” sobre funcionarios investigados.

“Ese proyecto no se va a impulsar. Está desde diciembre. Cada senador o senadora presenta sus propios proyectos. Tienen iniciativa propia. Cristina no anda vigilando los proyectos que se presentan”, aseguraron este martes a Clarín desde el entorno de la ex presidenta.

Las autoras del proyecto son las senadoras K María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Salvo la puntana Catalfamo, las otras cuatro integraban el bloque cristinista antes de la unificación con el PJ.

El texto advierte que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Como explicó este diario, esa enunciación genérica no merecería objeciones: la libertad de las personas debe ser custodiada con los mayores cuidados, y su limitación jamás puede ser arbitraria. Pero la enumeración de razones que convertirían en nulas las prisiones ordenadas por jueces de la democracia multiplica exponencialmente esa arbitrariedad, sólo que en sentido contrario: toda detención de un sospechoso por corrupción podría anularse ante la invocación de factores muy difíciles de medir. ¿En qué plazo? 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 horas para resolver.

El ejemplo más peligroso -y directamente alarmante para la libertad de expresión- es el primer motivo de nulidad que proponen las senadoras K: “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”. Es decir: si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva -aún bajo las estrictas condiciones que rigen hoy-, esa persona puede exigir que lo liberen.

También podrán exigir la nulidad de las preventivas quienes crean que hubo una “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido”, y los que sospechen sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”. Las dos razones coinciden puntillosamente con los principales obstáculos de Cristina en la causa de los cuadernos, y su estrategia para sortearlos.

Sin embargo, pese a esta situación particular, la vicepresidenta salió a despegarse de la iniciativa. (Fuente Clarín)

OTRAS OPINIONES

El Gobierno toma distancia del proyecto de ley que elimina las prisiones preventivas.

Más allá de coincidir con la idea general, el gobierno de Alberto Fernández tomó distancia del proyecto de ley presentado por la senadora kirchnerista Eugenia Catafalmo y acompañado por otras cuatro legisladoras, que propone anular las prisiones preventivas en caso de que su publicación en medios masivos haya “afectado la percepción pública” sobre el imputado.

“Lo leí, y creo que no es el momento para ser debatido. Debería serlo en un contexto más amplio, como el que puede dar el debate de una reforma judicial”, dijo a LA NACION el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.

“Sí es cierto que los hombres públicos y los periodistas que forman opinión deberíamos tener cuidado, porque a veces emitimos opiniones que malversan a las personas y pueden influir negativamente en fallos judiciales”, agregó el funcionario de la jefatura de gabinete.

La opinión de Navarro se suma al silencio de la Casa Rosada sobre el proyecto, que surgió del kirchnerismo duro a pesar de que la vicepresidenta Cristina Kirchner, a través de voceros en off the reccord, dejó en claro que no avala la discusión del proyecto en este momento. “Cristina ya se despegó, ¿para qué vamos a decir algo nosotros? Somos uno”, afirmó, entre la razón y la ironía, el ocupante de un importante despacho de la Casa Rosada.

La iniciativa, presentada a fines de diciembre pasado, habla de “verdaderos linchamientos mediáticos” en referencia a artículos de investigación que afectan a funcionarios del kirchnerismo. Y propone anular las prisiones preventivas o detenciones “en el caso de publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

Las críticas de la oposición también llegaron, en la voz de la titular de Pro, Patricia Bullrich, para quien la norma “es de un autoritarismo total”.

Jorge Taiana, también en contra
El senador Jorge Taiana (Frente de Todos.-Buenos Aires) se manifestó en contra del polémico proyecto de ley que cinco senadoras ultrakirchneristas presentaron con el objeto de limitar la posibilidad de que los jueces puedan usar el instituto de la prisión preventiva a acusados por causas de corrupción.

“En líneas generales soy bastante reticente o directamente contrario a limitar la libertad de expresión, así que si bien no lo he visto al proyecto, no creo que lo pueda acompañar”, afirmó Taiana en declaraciones periodísticas.

El excanciller se refirió así al inciso B del artículo 2 de la iniciativa, el cual establece como causal de nulidad de una prisión preventiva “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción publica respecto del principio de inocencia sobre el afectado”.

Taiana también rechazó que el texto responda a una estrategia legislativa del oficialismo, tras lo cual insistió en su postura contraria al proyecto. “No es un tema que, para mí, sea posible tratar”, sentenció.

La postura del senador oficialista refleja la de muchos de sus colegas, quienes dijeron desconocer la existencia del proyecto.

“Es un disparate”, opinó un senador que integra el sector que responde a los gobernadores, que consideró que el proyecto “roza” el derecho constitucional de la libertad de expresión.

Algo parecido, aunque con matices, comentó ante este diario un senador oficialista de corte kirchnerista. “No lo leí, pero el proyecto me parece tan inconstitucional como muchas de las prisiones preventivas que se dictaron en los últimos años”, dijo. (Por: Jaime Rosemberg y Gustavo Ybarra para La Nación)

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