Se sancionó la ley de las jubilaciones de privilegio.

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Lo hizo el Senado y afecta a jueces y diplomáticos.

La norma fue aprobada por 41 votos a favor. Tambien le dieron ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.

En una sesión marcada por las prevenciones que exige la pandemia del coronavirus, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Además, el cuerpo le dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.

Tras seis horas de debate, el oficialismo aprobó el texto con 41 votos a favor y 21 en contra. No hubo abstenciones.

Como adelantó Clarín, Juntos por el Cambio -que llegó a la sesión con un dictamen propio y en un principio había dado a entender que acompañaría la iniciativa aunque marcando diferencias- finalmente optó por rechazarla.

“El proyecto mantiene y profundiza el privilegio. No mejora el sistema de Justicia ni la insustentabilidad del sistema. Esta era la oportunidad de ir a fondo, pero excluyeron a la Corte Suprema de Justicia de las modificaciones”, señaló el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien también consideró “el fin” de la ley es “discutir poder” y “generar vacancias”.

“Esperamos que el título de los diarios en unos meses no sea que la Cámara de diputados y el Senado sancionó una ley con sello de revancha e impunidad en la Argentina. Por eso no acompañamos el proyecto”, anunció.

La sesión arrancó al mediodía y, en línea con los cuidados recomendados por el ministerio de Salud por el coronavirus, solo se permitió el ingreso al recinto de los legisladores y fotógrafos. Los periodistas y asesores tuvieron el acceso prohibido para “reducir lo más posible la agrupación de gente”.

A su vez, al menos tres senadores faltaron por precaución: Roberto Basualdo -que volvió de un viaje en el exterior-, y Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, quienes por su edad son factores de riesgo.

El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, fue el encargado de defender la iniciativa.

“El déficit del régimen especial del poder judicial es de $ 9.200 millones para este año, que deberán ser cubiertos con recursos del régimen general, que financiamos todos”, apuntó. Y si bien reconoció que “con esta ley no se elimina el carácter diferencial del régimen”, aseguró que con estas modificaciones “el haber jubilatorio percibido será más consecuente con el aporte contributivo”.

El radical Martín Lousteau se encargó de rebatirlo. Señaló que el proyecto es “improvisado”, tiene “inconsistencias” y que no quita privilegios a los jueces y magistrados. “Que sean tratados como cualquier hijo de vecino si queremos terminar con la inequidad, ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad”, planteó.

En esa línea arrojó datos: “Los jueces cobran en realidad el 93% móvil, tal como lo reconoció el secretario de Seguridad Social de la Nación y los del servicio exterior el 88% móvil. A su vez, estos 200 mil jubilados tuvieron un aumento de más del 35 % del que tuvieron los jubilados rasos, que son 6,6 millones. Pero a esos a los que se los trata mejor le pagan el resto de los jubilados a los que les congelamos la movilidad”.

Por su parte, Esteban Bullrich​ (PRO), se quejó: “Lo que busca realmente este proyecto es una maniobra para remover jueces y acá, en el templo de la democracia republicana, estamos censurando el debate”.

“No distraigamos el debate. Esta ley no esta motivada por la venganza ni para colonizar no se qué… Se busca empezar a ajustarnos a derecho y terminar con inequidades”, retrucó Anabel Fernández Sagasti​, del Frente de Todos.

El interbloque de Juntos por el Cambio llegó a la sesión con un dictamen propio. Si bien los legisladores opositores estaban dispuestos a acompañar el texto del Frente de Todos marcando diferencias, finalmente -tras discusiones internas y presiones de sus pares de Diputados- decidieron plantear una postura más dura: rechazar el texto si el oficialismo no acepta modificaciones.

La decisión terminó de forjarse el miércoles a última hora, después de una larga y acalorada reunión de la bancada. Había posturas divididas. Por un lado, un grupo sostenía votar a favor para no quedar “defendiendo privilegios” pero se impuso el sector que planteó no avalar una iniciativa que consideran “inconsistente” y que llega al recinto “sin un debate real”.

La actitud, sin embargo, no alteró los planes del Frente de Todos que cuenta con el número suficiente de senadores para alcanzar el quórum y aprobar la iniciativa con mayoría simple.

El texto enviado por el Ejecutivo, que recibió modificaciones en la Cámara baja, incrementa del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces y establece el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber.

Por otra parte, exige haber trabajado, como mínimo, 10 años de forma continua o 15 de manera discontinua, estipula el requisito de cesar efectivamente en la función para poder jubilarse y elimina el articulado que permite que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.

Además, extiende la edad jubilatoria para los varones a los 65 años, de manera progresiva, y mantiene en 60 años las de las mujeres.

El de Juntos por el Cambio, por su parte, planteaba analizar todos los regímenes especiales, establece que La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social elaborará anualmente un informe sobre la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los subregímenes previsionales administrados por la Nación, lo elevará para su consideración a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.

También exigía que se cree una cláusula transitoria que garantice por escrito que los magistrados que ya cuentan con los requisitos para jubilarse puedan hacerlo en el futuro con el régimen actual. Así, aseguran, se evitarían las renuncias masivas.

En Diputados, el rechazo a ese punto y el “debate exprés” hizo que el bloque de Juntos por el Cambio en esa Cámara no diera quórum en la sesión de jubilaciones. Después, la presencia de Daniel Scioli en una banca hizo que la bancada directamente no participara de la sesión. (Por Jazmín Bullorini para Clarín // Foto: Senado. Foto: Federico Lopez Claro)

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