Buscan apurar la expulsión de los extranjeros que delinquen.

El Gobierno se endurece  en el año electoral.

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Ya elaboró un listado con unos 1.000 extranjeros con antecedentes penales, que podrían ser deportados. Además, se creará un fuero migratorio para agilizar las causas.

En parte porque la economía todavía no arroja buenas noticias como -entiende- sí ofrecen los resultados en materia de la lucha contra el delito, en el inicio del año electoral, el Gobierno parece estar decidido a encarar de lleno la agenda de la lucha contra la inseguridad. La implementación de las pistolas Taser y el anuncio del envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años son algunas de las iniciativas que, tal como adelantó Clarín, se propone la Casa Rosada para los próximos meses. Otra medida apunta a los controles migratorios: mientras avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, busca agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.

El control del flujo migratorio fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió. Y, luego de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al mismo tiempo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.

Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional” y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.

Cuando parecía que en el oficialismo se resignaban a no poder avanzar en el tema, el jefe de la bancada Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, reavivó la discusión en noviembre, cuando propuso “echar a patadas a los extranjeros que delinquen”, luego de que la Policía Federal detuviera a dos venezolanos, un paraguayo y un turco, durante los incidentes que se produjeron en los alrededores del Congreso, en medio del debate por el Presupuesto. Por esos días, con el aval de Macri, que insistió en “debatir el manejo de lo migratorio (sic)”, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con el senador trabajar en conjunto para endurecer la ley.

En rigor, la iniciativa que presentó Pichetto es aún más dura que la pretensión del Gobierno. Propone, por caso, la expulsión de un extranjero con apenas el dictado de un procesamiento por parte de un juez de primera instancia.

Según pudo saber Clarín, en el oficialismo no hay una posición unánime respecto al tema. Mientras en el ala más dura coinciden con el planteo del rionegrino y hasta reclaman exigir “reciprocidad” a los países de origen, en materia de salud y educación, el sector más garantista y algunos arietes judiciales del Gobierno se oponen a la expulsión anticipada y advierten que sin una condena firme sería avanzar sobre el principio de inocencia. La puja hoy parece inclinarse hacia el sector más duro: allí se ubica el propio Macri. “Hay que buscar consenso y debatir con todos los sectores un tema que los países más serios evalúan con seriedad y sin demagogia: desde el delito, que es lo más urgente, hasta políticas de largo plazo, como el ordenamiento del flujo migratorio”, indicaron altas fuentes oficiales. El asunto es cuándo: los distintos sectores del Gobierno consultados al respecto coinciden en que el debate se abrirá este semestre, previo a la campaña.

Avanzada parece estar la creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley. El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores. Se trata, entre otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.

Por lo pronto, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones, Horacio “Toto” García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.

Pero algunas de las iniciativas ya están en marcha: por un lado, Migraciones confeccionó un listado con los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego expulsarlos. Ya cuenta con el aval judicial. A esto se suma la nómina de 618 extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su “retención” para su posterior expulsión. Serían casi 1000 extranjeros a punto de ser expulsados por delitos.

Es la primera vez que Migraciones actúa a esta escala. Y, parece, este plan se intensificará hacia adelante: la idea es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, disponga la creación de una unidad especial de búsqueda de extranjeros, que busque los nombres que Migraciones actualice periódicamente, de forma online.

Basta con repasar los números de los últimos años para tomar dimensión de la magnitud de la intención oficial: según Migraciones, en 2015 hubo sólo 4 expulsados en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70 de la ley 25.871. En 2016, ya con Macri en el Gobierno, 33. En 2017, fueron 75. Y en 2018, hasta octubre, se habían contabilizado 150. Las cifras no incluyen los casos contemplados por la figura del extrañamiento, es decir, aquellos que son expulsados cuando cumplen con la mitad de la condena.

Respecto a esto, Migraciones suscribió un convenio con el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, para agilizar la situación en la provincia: estiman que hay unos 2.200 extranjeros alojados en los penales de ese territorio, de los cuales mil ya tienen condena y unos 300 están en condiciones de ser “extrañados”. (Por Ignacio Ortelli para Clarín)

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