Cámara Federal ordenó al juez Casanello indagar a CFK.

Es en la causa de la ruta del dinero K.

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El tribunal convirtió en obligación lo que ya había aconsejado tres veces. En la causa, Báez y sus colaboradores están acusados por lavado de dinero.

Cristina Kirchner, saliendo del Instituto Patria la semana pasada mientras en su casa de Recoleta comenzaban los allanamientos. Ahora deberá ser indagada en la causa de “la ruta del dinero K”. Foto: Federico Imas

Con el voto de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, la Sala II de la Cámara federal porteña, ordenó al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria a Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares. Según pudo saber Clarín, el magistrado fijaría fecha la próxima semana.

La decisión se tomó después de una serie de pedidos de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Oficina Anticorrupción (OA) y del fiscal federal Guillermo Marijuan. Tras el rechazo a realizar el llamado a indagatoria por parte del juez Casanello considerando que no había pruebas suficientes para realizar la citación, la Sala II por voto mayoritario (con la disidencia del juez Leopoldo Bruglia) ordenó este viernes que se laconvoque a declarar la causa por lavado de dinero.

La Ruta del Dinero K es la causa donde el empresario K está procesado por lavado de activos. Se calcula que las operaciones de blanqueos efectuadas entre 2010 a 2013, rondan los 60 millones de dólares.

Una de las premisas que fundan la orden de la Sala II​ responde a la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde la ex Presidenta fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones al Grupo Báez. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.

Pero además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio ​de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.

En su voto, el juez ​Irurzun señaló que: “En todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”.

En este sentido, recordó que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (que investigaron la defraudación en obra pública y las causas por lavado de dinero), “ello se explica por la relación de “prestanombre”del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre”.

Estas maniobras, resaltó Irurzun, “habría determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación”, en relación al alquiler de los hoteles de la familia Kirchner que fueron administrados por el empresario K mientras percibía 52 contratos viales por $ 46.000 millones.

Por ello, según el camarista “la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández. Y ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”.

La ex Presidenta se encuentra imputada por el fiscal Marijuan en la causa como copartícipe de las maniobras de lavado de dinero que le significaron a Lázaro Báez un embargo de 600 millones de dólares.

Después de tres pedidos de la UIF en el mismo sentido de lo que este viernes ordenó la Cámara, el juez Casanello había sostenido que “se tuvo por acreditado que los fondos expatriados tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, pero que ello no alcanza “para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a la ex mandataria “o al resto de los 13 imputados que ahora deberán afrontar un juicio por aquella defraudación”.

Sin embargo, la Cámara Federal porteña después de expedirse en cuatro oportunidades al respecto, le ordenó al magistrado que la convoque a declaración indagatoria en la causa por lavado de dinero.

Al respecto, el camarista Mariano Llorens se refirió a las causas que reúnen al dueño del Grupo Austral y a la senadora, considerando que se está ante una “gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas, armadas para que el imputado Lázaro Báez obtuviera fondos del Estado Nacional destinados a obras públicas de imperioso caudal económico en la Provincia de Santa Cruz”.

Para Llorens debe analizarse que esos fondos, “que aparecerían ficticiamente como de su propiedad, regresaran a quienes serían sus verdaderos propietarios (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) a través de circuitos con apariencia lícita como ser la locación de complejos hoteleros o la expatriación de divisas que luego reingresaban al país mediante instrumentos financieros, sin que puedan descartarse algunas otras modalidades de simulación y ocultamiento de esas enormes sumas de dinero”. (Por Lucía Salinas para Clarín)

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