DNU con clausura de locales y confiscación de mercaderías.

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Armas que prepara el Gobierno en medio de la pandemia.

El gobierno de Alberto Fernández ultima los detalles del DNU que cede a los intendentes la facultad de sancionar de manera severa a los denominados negocios de cercanía y comerciantes que “aprovechan” la alta demanda de alimentos y artículos de primera necesidad para aumentar sus precios.

“Acá el problema no son las grandes cadenas, que tienen los mismos precios que en diciembre, sino el pequeño supermercadista que aumenta (.) A nosotros nos cuesta mucho actuar, son difíciles de encontrar, pero el intendente puede actuar”, dijo el Presidente en una entrevista con el sitio El Cohete a la Luna. En otro tramo de la entrevista, realizada por el periodista Horacio Verbitsky, el Presidente dio como ejemplo la “impresionante” suba del precio de la carne, y agregó que “el hecho de que (el comercio) sean chicos no lo hace menos ambicioso”, destacó. “Eso no puede pasar. Espero que ahora sí seamos inflexibles, van a tener las herramientas para hacerlo”, afirmó Fernández en referencia a los intendentes y sus nuevas facultades.

El borrador del proyecto, al que accedió LA NACIÓN de fuentes locales, se basa en las leyes de Abastecimiento y Defensa de la Competencia. Establecería una delegación de facultades a los intendentes y los autorizaría a multar y hasta clausurar comercios que incrementen de manera “ilegal” sus precios. También habilita a los jefes comunales a obligar a los comerciantes a sacar mercadería de sus depósitos si especulan y establece el control de las listas de precios máximos. La versión final estaría lista para publicarse mañana en el Boletín Oficial.

Consultados por LA NACION , distintos intendentes bonaerenses se mostraron de acuerdo con la iniciativa, adelantada en los últimos días por algunos funcionarios (además del Presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis) a los jefes comunales.

“El decreto nos da herramientas para controlar, al darnos facultades delegadas. Estábamos en una situación jurídica más endeble y esto fortalece el marco normativo en torno a la emergencia.”, afirmó a La Nación el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk (Frente de Todos), quien destacó que la norma se hizo con consultas previas a los intendentes. “Tener un Presidente que escucha al territorio suma mucho”, elogió. Del mismo modo, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO), afirmó que “todo lo que podamos hacer para aliviarle a la gente la cuarentena, lo vamos a hacer”. Según Néstor Grindetti , intendente macrista de Lanús, “tenemos la estructura de inspectores, para la higiene y habilitación de los locales, no podíamos controlar precios. Si hay un DNU, la estructura la tenemos y estaremos a disposición”, comentó.

Fuera de micrófonos, los intendentes destacan la intención del Gobierno de “controlar los precios”, pero señalan algunos puntos oscuros. Por ejemplo, el eventual cierre de pequeños comercios, que traería aparejado que “la gente deba trasladarse muchas cuadras y así complique su cuarentena”. En la última reunión conjunta del Presidente con los intendentes, en la que comenzó a debatirse el tema, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se había mostrado en favor de “confiscar” la mercadería que estuviera en infracción y donarla a sectores carenciados.

Por otro lado, y según otro jefe comunal del conurbano, muchos comerciantes aducen que los aumentos vienen “de otros eslabones de la cadena”, por lo que los intendentes no deberían sancionarlos. “No creo que el verdulero de la esquina sea el malo de la película”, agregó un intendente, preocupado por la “mala historia que tiene la Argentina con los controles de precios”. (Por Jaime Rosemberg para LA NACION)

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