Espionaje ilegal: Cámara Federal apartó de la causa al juez Villena.

Rechazan que las actuaciones judiciales de Vicentin salgan de la órbita de la provincia de Santa Fe.

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Por “falta de objetividad”.

La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una recusación contra el juez Federico Villena y lo apartó del expediente por presunto espionaje ilegal. El juez de cámara Roberto Lemos Arias dispuso que, a partir de ahora, la causa será tramitada por Juan Pablo Auge , a cargo de manera interina del Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº1.

La recusación contra Villena había sido presentada por los exagentes Leandro Araque, Jorge Sáez y Facundo Melo , todos detenidos por orden de Villena desde este martes. El motivo de la recusación fue “falta de objetividad y buena fe procesal”.

Araque y Melo habían planteado que Villena era parte de la “colaboración judicial” prestada para que las tareas presuntamente ilegales que ellos llevaron adelante tuvieran una “cobertura legal necesaria”.

El juez Lemos Arias señaló que la investigación judicial que tenía a cargo Villena -y de la cual lo apartó- guarda “estrecha relación” con decisiones que adoptó el mismo juez en otras causas, como la denominada “Causa del G-20” en la que se elaboraron informes de dirigentes políticos, de la “Causa Segovia” a través de la cual Villena ordenó la intervención de las líneas telefónicas del complejo penitenciario de Ezeiza, y de la causa que actualmente instruye Auge por los seguimientos al Instituto Patria.

“El juez Villena también ordenó las tareas de inteligencia y las intervenciones telefónicas dispuestas en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza entre marzo de 2017 y -al menos- febrero de 2019”, agregó Lemos Arias en el fallo.

La autorización judicial que firmó Villena para intervenir las comunicaciones de Segovia en la cárcel fue la herramienta mediante la cual se escucharon las comunicaciones de exfuncionarios kirchneristas que estaban detenidos en ese mismo complejo.

Esas comunicaciones, que debían ser destruidas, tuvieron otro destino, ya que se filtraron y motivaron una denuncia -la de la “Operación Puf”- por los dichos de quienes habían sido escuchados.

Al evaluar los planteos que hizo el abogado de Araque y Melo, Fernando Sicilia, y que también compartió Jorge Sáez defendido por Alfredo Olivan, Lemos Arias consideró: “El juez Federico Villena, como instructor de las causas referidas, era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas , por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas -en parte- de las medidas que él mismo dispuso”.

Lemos Arias concluyó: “Se advierte que existen circunstancias objetivas que permiten tener por razonablemente fundado el temor de parcialidad invocado por las partes recusantes, y me llevan a decidir el apartamiento del juez Federico Villena para seguir interviniendo en la causa, por cuanto se encontraría afectada la garantía de imparcialidad del juzgador”.

Esta causa, de alto voltaje político, tiene a 20 ex policías y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos y también a la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo . En el marco de esta causa Villena también allanó al exsecretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, quien presentó un pedido para ser eximido de prisión, rechazado por el juez y ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata.

Las indagatorias de los imputados comenzaron el miércoles y continuaron ayer. La declaración de Martinengo se extendió hasta las 2 de la madrugada de hoy y estaba previsto que continuara durante esta mañana. Hoy también era el turno del ex director de operaciones de la AFI Alan Ruiz para declarar, pero el fallo de Lemos Arias cambió el curso de la causa.

Según supo este medio, los exagentes indagados reconocieron haber ejecutado tareas para la AFI y apuntaron a la ex cúpula de ese organismo, integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El juez Juan Pablo Auge, que de ahora en adelante tramitará esta causa, ya investiga -junto a la misma fiscal que actuaba con Villena, Cecilia Incardona- otra trama de presunto espionaje ilegal mediante seguimientos al Instituto Patria.

Según supo este medio a través de la consulta a varios defensores que intervienen en esta causa, en las próximas horas se presentará una tanda de planteos de nulidad contra lo actuado por Villena, como los allanamientos y las detenciones. (El juez Juan Pablo Auge (tercero desde la izquierda) en una imagen con su colega Federico Villena, el académico Diego Molea y Carlos Bedetta, exadministrador general del Poder Judicial// Por Candela Ini para La Nación)

LA CAUSA VICENTIN SEGUIRÁ EN SANTA FE

En un fallo adverso a la estrategia del Gobierno, la jueza María Alejandra Biotti rechazó hoy el planteo formulado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para que la causa por la intervención de la empresa Vicentin saliera de la órbita de Santa Fe y fuera tramitada en el fuero contencioso administrativo de la Capital Federal. El Gobierno había pedido que se definiera en los tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires el planteo de inconstitucionalidad del decreto de intervención de la agroexportadora.

La decisión la tomó la jueza en lo Contencioso Administrativo Biotti, en desacuerdo con el fiscal del caso, Fabián Canda, que había dictaminado a favor del pedido de Kulfas.

“Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, ante los que corresponderá la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional”, resolvió Biotti. De esta forma, la jueza coincidió con el juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que no era él quien debía resolver si es constitucional el decreto, sino la justicia federal, pero le respondió a Kulfas que será la justicia federal de Santa Fe la que lo haga.

Los directivos de la empresa Vicentin plantearon la inconstitucionalidad del DNU que estableció la intervención ante el juzgado de Lorenzini, pero el juez del concurso, en el mismo fallo mediante el cual apartó a los interventores designados por el Gobierno y restituyó al directorio de Vicentin, se declaró “incompetente” para definir esos planteos de inconstitucionalidad.

Según el Gobierno, ese fallo de Lorenzini fue “incoherente, contradictorio y arbitrario”, porque si el juez se había declarado incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad, también lo era para resolver la cautelar con la que corrió a la intervención.

Kulfas pidió entonces que el caso se trasladara a la justicia federal con asiento en la Capital Federal. Pero la jueza Biotti consideró: “Los efectos principales del DNU Nº 522/2020 y, sobre todo, los cuestionados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC, se producen en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, en la cual se encuentra el domicilio social inscripto de la sociedad y sus oficinas centrales”.

Y agregó: “Además, en Reconquista tramita su proceso concursal. De esta forma, no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del DNU Nº 522/2020, cuyos efectos, como se dijo, se producen casi con exclusividad en ese lugar”. (Por: Candela Ini para La Nación)

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