La Justicia porteña “ordenó” garantizar las clases presenciales

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La Cámara de Apelaciones porteña determinó que las clases deben continuar de manera presencial mañana hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el tema.

En medio de la disputa entre el gobierno porteño y la Casa Rosada por la continuidad de las clases presenciales, un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña determinó que las clases deben continuar de manera presencial mañana hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el tema.

De esta manera, este lunes podrán comenzar las clases en la Ciudad de Buenos Aires en la modalidad presencial, pese a las restricciones establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández.

La decisión la tomaron los jueces de la la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, que revocaron la decisión del juez de primera instancia Marcelo Segón, quien había rechazado el amparo presentado por un grupo de padres.

Según supo LA NACION, las autoridades porteñas habían pedido pronto despacho a los tribunales para resolver sobre esta disputa.

Un planteo presentado por un grupo de padres patrocinados por la Defensoría Oficial le pedía a la Justicia porteña ordenar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que defendiera la autonomía porteña y declarara inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/21, que dispuso la suspensión de las clases presenciales a partir del próximo lunes. La jueza rechazó in límine ese amparo y se declaró incompetente. El juez porteño Marcelo Segón rechazó otro amparo similar, que fue apelado, y esa fue la decisión ahora revertida.

La tensión entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional escaló apenas Alberto Fernández anunció que las clases presenciales serían suspendidas en todo el AMBA a partir de mañana. El Presidente y el jefe de gobierno porteño se reunieron el viernes en Olivos, pero eso no impidió que las autoridades porteñas acudieran a la Corte Suprema con un amparo. No hubo acuerdo en la reunión.

La procuradora general ante el máximo tribunal, Laura Monti, dictaminó que la Corte debe intervenir. No se refirió a la cuestión de fondo pero sí a la competencia. (Por Candela Ini para La Nación)

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