Lijo pidió información sobre el estatus diplomático del príncipe saudí.

El juez hizo lugar a un pedido del fiscal federal Ramiro González.

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Es por una denuncia de Human Rights. El Gobierno ya había dicho que Mohammed bin Salman, apuntado por el crimen de un periodista, tiene “inmunidades especiales”.

El príncipe saudita Mohammed bin Salman, sobre quien pesa una denuncia por el crimen del periodista Jamal Khashoggi y presuntos delitos de lesa humanidad, puso pie en la Argentina este miércoles. La delegación de su país llegó al aeropuerto de Ezeiza cerca de las 7. Con un pedido de detención de una organización internacional, el fiscal federal Ramiro González pidió una serie de medidas que, en la práctica, impedirán su detención durante su estadía en el país. Por la tarde, el juez Ariel Lijo hizo lugar a los requerimientos del fiscal, y solicitó a Cancillería que informe es estatus y las condiciones diplomáticas bajo las cuales el príncipe llegó a Buenos Aires.

El fiscal González también pidió a Lijo que solicite información a Yemen, a Arabia Saudita y a Turquía por el asesinato de Khashoggi, entre otros hechos, antes de decidir si el caso es competencia de la Justicia argentina. La denuncia incluye también supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por Arabia Saudita en Yemen. Lijo también aceptó ese requerimiento, y ordenó librar exhortos a Ankara, Yemen y la Corte Penal Internacional para determinar si existen procesos en trámite contra el príncipe saudí, y solicitó a la ONG Human Rights Watch que brinde precisiones sobre los hechos denunciados.

Según pudo saber Clarín, el fiscal había pedido el envío de exhortos para confirmar el estatus del príncipe entre otra clase de información para determinar si corresponde investigarlo en Argentina o no.

Recién después de tener esta información se decidirá sobre la competencia de la Justicia argentina y eventualmente sobre el pedido de detención del príncipe saudí que conlleva la denuncia, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

En el dictamen al que accedió Clarín, el representante del ministerio Público Fiscal señaló que se entiende “la gravedad de los hechos denunciados y que debe primar el principio de economía procesal con el fin de brindar un mejor servicio de justicia”, por ello ordenó una serie de medidas, diluyendo así cualquier posibilidad que el Príncipe saudita sea detenido.

González pidió que se libre exhorto por vía diplomática “al Reino de Arabia Saudita y a la República de Yemen, con el fin de determinar si existen procesos en trámite que revistan por objeto procesal los hechos aquí denunciados”, indicó el fiscal González.

Además, requirió que el juez Lijo haga lugar a las medidas “relativas a determinar el estatus del príncipe Mohammed bin Salman y la existencia de procesos en trámite en el Reino de Arabia Saudita y la República de Yemen”.

Sucede que la organización humanitaria Human Rights Watch, tal como adelantó el lunes Clarín en exclusiva, presentó a la Justicia argentina una denuncia contra el príncipe heredero saudita, uno de los invitados a la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, a quien acusa de violaciones a los derechos humanos en Yemen.

La ONG de derechos humanos presentó la denuncia por “averiguación de delito” en los tribunales federales de Comodoro Py que quedó a cargo, por sorteo, del juez federal Ariel Lijo, quien la envió al fiscal para que dictamine, agregaron las fuentes judiciales.

Luego del dictamen del fiscal, Lijo quedará en condiciones de definir si se abre un investigación local a raíz de la llegada al país del príncipe con motivo de la cumbre del G20 que comienza este viernes.

El asesinato de Khashoggi, cometido en la ciudad turca de Estambul en octubre pasado, desató un conflicto entre Turquía y Arabia Saudita que involucró además a Estados Unidos, que cuenta con bases militares en territorio turco y tiene una fuerte alianza con la monarquía saudita.

Además del príncipe saudita acusado por la ONG humanitaria, a la cita de mandatarios del G20 asistirán, entre otros, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Turquía, Recep Erdogan.

El expediente 20367/2018 fue abierto a raíz de la denuncia de Kenneth Roth, de Human Rights Watch, y requiere que se inicie la investigación en base a tratados internacionales suscriptos por Argentina en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La organización humanitaria informó en su sitio web que la denuncia reclama que se investigue al príncipe saudí por “violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen”.

Bin Salman “sería penalmente responsable” de esas violaciones como ministro de Defensa de Arabia Saudita, afirma la ONG en su denuncia.

“Las autoridades judiciales deberían evaluar el papel de Mohamed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen desde 2015”, afirmó Roth en la web de la organización.

“La participación del príncipe heredero en la cumbre G20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos”, agregó.

Además, HRW consideró que como la Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas, las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas. (Por Lucía Salinas para Clarín // Foto principal: La llegada del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, este miércoles. Lo acompaña el canciller Jorge Faurie)

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